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Fortalecen compromiso para enfrentar delitos ambientales en la Amazonía

Minam y proyecto PREVENIR de USAID suscribieron plan conjunto para prevenir tala y minería ilegales y tráfico de especies.

El Ministerio del Ambiente (Minam) y el proyecto Prevenir de USAID suscribieron un plan conjunto para enfrentar los delitos ambientales en el país, con énfasis en la Amazonía. Esto se da en el marco de un acuerdo de colaboración mayor que, entre otros aspectos, apunta a consolidar la reciente creación de la Unidad Funcional de Delitos Ambientales (Unida) de dicho sector del Poder Ejecutivo.

Esta unidad funcional es un paso importante para prevenir y reducir los delitos ambientales en el Perú. Su finalidad es apoyar la toma de decisiones estratégicasla implementación de mejores políticas públicas y mejorar la coordinación interinstitucional en torno a los delitos ambientales, enfatizando la tala ilegal, el tráfico ilícito de flora y fauna silvestre y la minería ilegal.

En dicho acto realizado en la víspera, el ministro Gabriel Quijandría manifestó que la Unida contribuirá a hacer más eficiente y efectiva la respuesta del Estado “frente a esta situación penosa de economías ilegales, de aumento del riesgo de vida para los actores ambientales en la Amazonía”. Añadió que esta unidad funcional del Minam cumple una función de generar o mejorar las capacidades desde el sector ambiental para articular o generar acciones conjuntas.

Por su parte, el viceministro de Gestión Ambiental, Mariano Castro, indicó que en las iniciativas de mejoramiento ambiental se están articulando esfuerzos desde todos los niveles de gobierno para responder a necesidades concretas que se están dando en el país. “La justicia ambiental es un pilar del Estado de Derecho y de las democracias ambientales, porque permite asegurar de manera preventiva o efectiva la atención de los problemas a las comunidades ambientales”, acotó.

A su turno, el coordinador de la Unida del Minam, Jimpson Dávila, sostuvo que los delitos ambientales se han incrementado considerablemente en la última década. “Los delitos en concreto son un negocio. A nivel mundial, la economía ilegal entorno a la madera representa alrededor de US$ 30 mil millones. Y en el Perú, se estima que es de S/3 mil millones en pérdida de bosque”, acotó.

Añadió que este tipo de delitos tienen un impacto significativo sobre el ambiente y las personas, pero también distorsiona la economía y afecta sobre todo a los derechos humanos.

En beneficio de la Amazonía

Con alrededor de 70 millones de hectáreas de bosques, la Amazonía peruana no solo alberga una gran biodiversidad, sino que es fundamental para el bienestar de la población y el crecimiento económico, así como para la regulación del clima global.

No obstante, cada año el Perú pierde, en promedio, cerca de 140 000 hectáreas de bosques amazónicos y sus ecosistemas se degradan como resultado de diversas actividades ilícitas, como la tala y minería ilegales, y el tráfico Ilícito de flora y fauna silvestre. Además, cerca de la cuarta parte del oro producido en el Perú (entre 25 % y 28 %) proviene de la minería ilegal e informal, según el estudio “Crimen transnacional en el mundo en desarrollo” (GFI, 2017).

Complementariamente, de acuerdo con el estudio “Estimando y mejorando la legalidad de la madera en el Perú” (PCM, USAID, US Forest Service. 2021), alrededor del 37 % de la producción total de madera en el país tiene origen ilícito y el tráfico de vida silvestre amenaza a cientos de especies amazónicas, y pone en riesgo la salud humana.

En ese contexto, la reciente creación de la Unida del Minam, constituye un importante esfuerzo para brindar una respuesta articulada y efectiva desde el Estado y la sociedad frente a esta problemática.

El nuevo compromiso conjunto entre el Proyecto Prevenir de USAID y el Minam permitirá afianzar el rol de la Unida y dará un mayor soporte logístico y técnico a la Alta Dirección del referido sector del Poder Ejecutivo, a fin de fortalecer la justicia ambiental y sentar las bases para una mejor gestión y comunicación entre las entidades que conforman el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, el Sistema de Justicia y socios clave, con el objetivo común de prevenir la comisión de delitos ambientales y contribuir a la conservación de la Amazonía.

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